La policía peruana debería tener a la ley de su lado para combatir el crimen. No la tiene.

En enero de este año tuve que ir a una comisaría limeña. Alguien estuvo forzando la tapa del medidor de electricidad de la casa y mi padre sospechaba que era algún delincuente con ganas de desactivar la alarma para meterse a robar.

Estando en la comisaría, conversando con uno de los policías, llegó un patrullero con un joven esposado y una muchachita (unos 20 y tantos años) acompañada de su madre. El muchacho la había seguido por una vereda, le había arranchado la cartera y la había empujado hacia la pista. Era de tarde. El asalto había sucedido a plena luz del día. Ella tuvo suerte de que en aquel momento no pasara por la pista ningún automóvil.

El que no tuvo mucha suerte fue el delincuente. Un grupo de transeúntes con cierta idea de la justicia vieron el incidente y lo persiguieron. No sólo recuperaron la cartera, también capturaron al delincuente y le propinaron un par de patadas.

“En unas horas lo vamos a tener que soltar” nos dijo el policía, mientras asistíamos a toda la escena y el ladrón miraba con aire de aburrimiento que la muchacha –aún con rezagos del trauma del asalto–daba su declaración.

“¿Cómo que lo van a soltar?” preguntó mi padre.

“Eso dice la ley. No podemos retenerlo más de cierto tiempo. Y él lo sabe”.

Nos dijo que retener a un delincuente más del tiempo permitido es ilegal. Que la policía se arriesgaba a que regresara el delincuente bravucón con un abogado a decir que se habían violado sus derechos. “Esto no pasaba con Fujimori”, dijo el policía, ante la complacencia y aprobación de mi padre, simpatizante fujimorista.

Hoy, en la televisión peruana, presentaron el caso de un caballero que mató a dos delincuentes armados que intentaron asaltar la camioneta donde viajaba con su novia. El caso (muy publicitado en Lima) ha desatado una gran controversia porque –tras un año de investigaciones, falsas acusaciones e intentos de chantaje–un fiscal ha decidido que el caballero que mató a los dos delincuentes en defensa propia es culpable y debe ir a prisión.

Su novia se presentó en televisión y dijo que en estos tiempos en que todos estamos hartos del nivel de delincuencia,  este caso ponía a prueba a nuestro sistema judicial. Tiene razón.

No comparto la idea de un gobierno “ideal” de mano dura. Tal vez la justicia contra el crimen organizado funcionara mejor en el decenio fujimorista porque la mafia en el poder tenía un control más directo: siempre es posible ser diligente, rápido, dar órdenes, cuando se puede pisotear los debidos procesos.

Hay que respetar las formas legales. Sin embargo, por el bien de los ciudadanos que aún creemos en ellas, es imprescindible endurecer los castigos para los delincuentes. Si no es así, la policía creerá–con mucha razón–que perseguir a los asaltantes y pirañas de todo tipo, es una pérdida de tiempo.

Un fiscal no puede mandar a prisión a un ciudadano que se defendió y mató a dos criminales. El respeto a la seguridad de todos debe estar por encima de los derechos de un par de maleantes armados.

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